La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido (LISMI), tenía como uno de sus principales objetivos impulsar y fomentar la integración laboral de personas con discapacidad. Y estableció para ello que las empresas, tanto públicas como privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores debían contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. Una obligación que se facilitó posteriormente con la aprobación del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, que recogió las llamadas medidas alternativas de cumplimiento.
Sin embargo, esta ley, convertida hoy en la actual Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (conocida como Ley General de Discapacidad, LGD), no ha alcanzado el índice adecuado de cumplimiento con la normativa.
1.876.900 personas con discapacidad de 16 a 64 años, lo que representa el 6,2% de la fuerza laboral en España. Caracterizado por su enorme diversidad, en realidad se trata de un colectivo de colectivos con realidades diversas y problemáticas diferenciadas y específicas, donde las mujeres representan el 43,2% y los más jóvenes un 5,2%. Con un 44,3% de personas con discapacidad física, un 17% con discapacidad psicosocial, el 10,3% tiene discapacidad intelectual y entre las discapacidad de tipo sensitivo el 4,9% son visuales y un 4,6% tiene discapacidad auditiva, resta un 18,9% de personas con incapacidad reconocida.
El 58,5% trabajadores/as asalariados/as trabajan en entornos laborales no inclusivos con las personas con discapacidad. Es decir, que en dichas empresas (mayores de 50 empleados/as) no se alcanza la cuota de reserva para personas con discapacidad. Este factor no solo alerta de la necesidad de garantizar el cumplimiento de dicha cuota incide también, en la normalización de la discapacidad en el tejido laboral y en que la presencia de personas del colectivo sea algo habitual en las empresas.
La formación es clave, sólo el 16,9% tiene estudios universitarios frente al 36,4% en las personas sin discapacidad, casi el 5% no tiene estudios frente a un porcentaje inferior al 0,5% en las personas sin discapacidad.
Según el último Informe Odismet, los centros especiales de empleo registran el mayor volumen de contratación de las personas con discapacidad (75,5%), frente al 24,5% de contratación por parte de las empresas pertenecientes al mercado ordinario de trabajo. Esto apunta a la importancia de los centros especiales de empleo para el sostenimiento del empleo para las personas con discapacidad, pero nos deja por delante el reto de la contratación directa por parte de las empresas del mercado ordinario.
Analizando los últimos datos de contratación del colectivo de personas con discapacidad (datos correspondientes al año 2020), atendiendo a las personas en edad activa, solo un 35% estuvo contratado el pasado año, frente al 78% de personas sin discapacidad. Solo 1 de cada 4 personas con discapacidad se encuentra actualmente trabajando.
Los salarios de las personas con discapacidad son un 16,1% más bajos que los del resto de la población.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social para las personas con discapacidad es del 33,8%, casi seis puntos por encima de la población general.
| 11:00 h | Saludo y bienvenida |
| 11:05 h | Mesa Redonda |
| 12:15 h | Conclusiones |
| 12:30 h | Cierre del evento |
Auxiliar de información en Integra CEE
Director de Integra CEE
Técnica de Atención a la Diversidad e Inclusión en la Unidad de Atención a la Diversidad en la Universidad de Alcalá.
Directora de RRHH de SOPRA STERIA
Responsable de proyectos de formación y empleo en ASPAYM Madrid